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El Ministerio de Justicia pide investigar al fiscal general por la inspección de unos jueces

26/11/2020 23:02 replay time00:34

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Seúl, 26 de noviembre (Yonhap) -- El Ministerio de Justicia ha solicitado, este jueves, a la fiscalía investigar al fiscal general Yoon Seok-youl por las acusaciones de su inspección ilegal sobre unos jueces involucrados en casos políticamente delicados.

La ministra de Justicia, Choo Mi-ae, suspendió a Yoon de su cargo el martes, como medida disciplinaria por seis acusaciones de presuntas irregularidades, incluida la recopilación de información personal de jueces a cargo de casos vinculados a un exministro de Justicia y el presunto caso de interferencia en las elecciones de funcionarios presidenciales.

"Bajo sus órdenes, se escribió y distribuyó un documento de una inspección ilegal y este contenía información personal delicada que podría ser mal utilizada para influir en las sentencias", dijo el ministerio en un comunicado, solicitando a la Oficina de la Fiscalía Suprema la investigación de Yoon.

El anuncio tuvo lugar dos horas después de que el representante legal del fiscal general presentase un documento de 9 páginas, con fecha del 26 de febrero de 2020, para respaldar el argumento de que el informe fue parte de una actividad normal de recopilación de información.

El fiscal Sung Sang-wook, quien elaboró el informe, dijo que no había nada inusual sobre el mismo. El reporte fue creado en base a los materiales reunidos a través de fuentes legales, incluidos los medios.

Sin embargo, el ministerio refutó el argumento diciendo que el informe incluye información que no se puso a disposición del público.

Este jueves por la tarde, Yoon presentó una demanda legal contra la decisión ante el Tribunal Administrativo de Seúl, menos de un día después de solicitar una orden judicial para evitar que la decisión de su suspensión entre en vigor.

En la demanda, Yoon argumenta que las acusaciones en su contra por Choo son, en gran parte, falsas y exageradas. En una refutación sistemática de los puntos planteados sobre las sospechas en su contra, Yoon también dijo que, aunque fueran ciertas, no son lo suficientemente graves como para merecer una suspensión.

El fiscal general dijo que la medida disciplinaria unilateral y la suspensión de su deber significan, prácticamente, su despido, lo que desestima el sistema del mandato del fiscal general, la democracia y el estado de derecho.

El Ministerio de Justicia dijo que convocará a un comité de siete miembros, el próximo miércoles, para decidir el nivel de la acción disciplinaria contra Yoon y pidió al fiscal general que asista a la reunión él o su abogado.

Entre tanto, los fiscales de todo el país han organizado reuniones de emergencia para discutir la medida sin precedentes.

Previamente, a través de un comunicado publicado en el tablón de anuncios de la intranet de la fiscalía, seis fiscales de distrito solicitaron a Choo reconsiderar su decisión.

Los fiscales expresaron su preocupación por el riesgo percibido contra la neutralidad política de la fiscalía y dijeron que el mandato del fiscal general debería estar garantizado legalmente, dado que el sistema está diseñado para proteger a la fiscalía de "interferencias políticas" indebidas.

Asimismo, se cuestionó si la reciente serie de órdenes de la ministra para prohibir la participación del fiscal general en investigaciones controvertidas fue "tomada de forma prudente y moderada".

Además, 27 fiscales superiores de la Oficina de la Fiscalía Suprema también emitieron un comunicado en el que piden que se revoque la decisión, medida que fue seguida por otros grupos que expresaron preocupaciones similares.

Sus preocupaciones reflejaron el sentimiento expresado, el día previo, por un grupo de fiscales de a pie.

El miércoles, dos grupos de fiscales -de Seúl y Busan- emitieron sus comunicados en protesta de lo que calificaron como una medida "ilegal e injusta" de Choo.

Un grupo de fiscales a cargo de la investigación y el planeamiento de la Oficina de la Fiscalía Suprema dijo, en un comunicado, que la acción de la ministra socava gravemente el estado de derecho y viola la independencia de la fiscalía.

El grupo solicitó que la ministra descarte la decisión para que los fiscales puedan cumplir sus deberes "de acuerdo con la Constitución y la conciencia".

Por su parte, el grupo de la ciudad portuaria de Busan también organizó, el miércoles, una reunión y dijo que la decisión era "injusta" dado que "los hechos no fueron verificados totalmente".

paola@yna.co.kr

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