Se solicita la investigación de funcionarios del Gobierno previo por la muerte del funcionario de pesca

Seúl, 13 de octubre (Yonhap) -- La agencia de auditoría del Estado de Corea del Sur ha solicitado a la fiscalía, este jueves, que investigue a 20 personas, incluidos funcionarios de alto rango de seguridad del previo Gobierno de Moon Jae-in, acusados de encubrir y distorsionar los hechos sobre la muerte, en 2020, de un funcionario surcoreano de pesca a manos de Corea del Norte.

La Junta de Auditoría e Inspección (BAI, por sus siglas en inglés) anunció los resultados de su investigación, de dos meses, sobre el manejo de la liberal Administración Moon del caso de la muerte del funcionario de 47 años, cerca de la frontera marítima occidental, en el mar Amarillo, entre las dos Coreas, que ha resurgido como un asunto político delicado bajo el actual conservador Gobierno de Yoon Suk-yeol.

La BAI solicitó a la fiscalía que investigue a 20 funcionarios, de cinco agencias gubernamentales diferentes, involucradas en el caso, por cargos que incluyen incumplimiento del deber, abuso de poder y falsificación de documentos oficiales.

Entre ellos se encuentran el exasesor de Seguridad Nacional Suh Hoon, el exdirector del Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) Park Jie-won y el exministro de Defensa Suh Wook, según las fuentes. Este último fue interrogado por la fiscalía, sobre el caso, este jueves.

Durante la Administración anterior, la Guardia Costera y el Ejército concluyeron que el funcionario, Lee Dae-jun, había sido asesinado por la guardia costera norcoreana mientras intentaba desertar a Corea del Norte. En junio, ambas instituciones revirtieron la conclusión y dijeron que no había evidencia que sugiriera un intento de deserción.

La BAI acusó a las autoridades de omitir, deliberadamente, hechos que hubieran podido sugerir que Lee no tenía la intención de desertar.

La Guardia Costera no tomó las medidas necesarias en las primeras horas del incidente, de acuerdo con lo estipulado el manual de gestión de crisis, dijo la BAI.

La BAI determinó que la Oficina de Seguridad Nacional (NSO) ordenó a las agencias gubernamentales, incluido el Ministerio de Defensa, que enfatizaran que se trataba de un intento de desertar al Norte, a pesar de la falta de pruebas.

La BAI también cuestionó el cambio de posición del Ministerio de Defensa surcoreano respecto a si el Ejército norcoreano había incinerado el cadáver de Lee.

Los exfuncionarios de la Administración Moon y la principal oposición, el Partido Democrático, calificaron la investigación como una venganza política y acusaron al Gobierno de Yoon de presionar, por motivos políticos, al auditor estatal, para que iniciara la investigación.

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