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Una compañía japonesa apelará la decisión de un tribunal surcoreano sobre la incautación de activos

Últimas noticias 04/08/2020 17:57
Esta foto, publicada por Kyodo News, muestra la sede de Nippon Steel Corp. en Tokio. (Prohibida su reventa y archivo)

Seúl/Tokio, 4 de agosto (Yonhap) -- Una compañía japonesa planea apelar una decisión de un tribunal surcoreano sobre la incautación de sus activos aquí para compensar a las víctimas del trabajo forzado en tiempos de guerra, han dicho este martes informes, en una medida que aplazaría el proceso judicial que se temía que empeorara las tensiones entre los dos países.

Nippon Steel Corp. presentará una apelación de inmediato, ya que una sucursal del Tribunal del Distrito de Daegu ha podido iniciar el procedimiento para liquidar parte de su participación en PNR, una empresa conjunta establecida con el principal fabricante de acero de Corea del Sur, POSCO, según los medios de comunicación japoneses Kyodo News y NHK.

Se espera que la apelación permita que la compañía gane tiempo antes de la venta forzada de sus activos, lo que según los observadores prepararía el escenario para una confrontación más aguda entre los países cuyos lazos ya se han desgastado por el comercio y otros asuntos de la era colonial.

Nippon Steel tiene hasta el final del domingo para presentar la apelación antes de que finalice la decisión judicial del año pasado sobre la incautación de activos.

Los activos sujetos a ventas son la participación del 30 por ciento que posee Nippon Steel en PNR, con un valor aproximado de 400 millones de wones (335.000 dólares) por valor nominal.

Tokio ha rechazado los llamamientos de compensación, argumentando que el problema del trabajo forzado ya se resolvió en virtud de un tratado bilateral de 1965 que normalizó los lazos de ambos países después de la colonización de la península coreana por parte de Japón en 1910-45.

Japón ha indicado que tomaría medidas de represalia, además de sus restricciones de exportación, en caso de que se ejecute la decisión judicial. Las medidas podrían incluir aranceles más altos, sanciones financieras, retiro temporal del enviado principal de Japón en Seúl y restricciones de visado, dijeron los observadores.

El secretario jefe del Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, dijo a los periodistas que, en estrecha cooperación con la compañía relacionada, les gustaría "continuar respondiendo sin temor alguno con todas las opciones a nuestro alcance desde el punto de vista de proteger las actividades económicas legítimas de las empresas japonesas".

El Gobierno surcoreano se ha negado a entrar en la refriega, reiterando que respeta la decisión del tribunal de acuerdo con un principio constitucional que garantiza la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Pero se ha estado preparando para la posibilidad de las medidas de represalia de Japón. Como un movimiento de ojo por ojo, Seúl podría reactivar su decisión suspendida de poner fin a un pacto de intercambio de inteligencia militar con Tokio, llamado Acuerdo General sobre la Seguridad de la Información Militar (GSOMIA, según sus siglas en inglés), dijeron los analistas.

Kim In-chul, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores aquí, reiteró que Seúl puede terminar el GSOMIA en cualquier momento.

El 22 de noviembre del año pasado, el Gobierno surcoreano suspendió su decisión de poner fin al GSOMIA con la premisa de que puede terminar el pacto en cualquier momento, dijo Kim en una conferencia de prensa regular, señalando que el concepto de extender el pacto cada año ya no se aplica ahora.

Kim estaba respondiendo a la pregunta de un periodista sobre si Seúl debería notificar a Tokio su intención de terminar con el GSOMIA a finales de este mes si así lo desea.

El pacto de 2016 estipula que dicha notificación para terminar el pacto debe llegar tres meses antes del 23 de noviembre, la fecha en que se cerró el acuerdo. De lo contrario, el pacto se renueva automáticamente.

El tribunal aprobó, en enero del año pasado, la incautación de los activos de Nippon Steel, luego de que la empresa rehusara cumplir con el fallo del Tribunal Supremo de Corea del Sur en 2018, en el cual ordenó la indemnización de cuatro víctimas surcoreanas del trabajo forzado durante la década de los cuarenta, cuando la península coreana se encontraba bajo la colonización japonesa.

Los demandantes luego pidieron al tribunal del distrito que confisque las acciones de la compañía. El tribunal concedió la solicitud en enero del año pasado y envió un aviso de la decisión de incautación a Tokio para entregarla formalmente a la empresa, pero Tokio se negó a aceptar el documento.

La oficina de Pohang del Tribunal del Distrito de Daegu presentó una notificación pública a la compañía japonesa demandada, a inicios de junio, publicándola en su sitio web, dado que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón no entregó el documento a la parte acusada. La notificación pública se ha considerado entregada a la parte defensora, tal como si hubiera recibido el documento, permitiendo que el tribunal proceda con la venta de activos.

adrian@yna.co.kr

(FIN)

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