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(ANÁLISIS)- Un año después de la destitución de Park, la cruzada anticorrupción está en pleno desarrollo

Últimas noticias 08/03/2018 17:59
La expresidenta Park Geun-hye, el 16 de octubre del 2017, tras una audiencia ante el tribunal por primera vez después de que su detención fuera extendida por otros seis meses. (Foto de archivo)

Seúl, 8 de marzo (Yonhap) -- Esta semana, hace un año, el Tribunal Constitucional emitió un fallo sin precedentes, aunque muy esperado: la destitución de la corrupta presidenta Park Geun-hye.

La destitución de Park se produjo después de casi seis meses de protestas masivas a la luz de las velas que exigían su renuncia por el abuso de poder y el escándalo de tráfico de influencias que destapó los lazos corruptos profundamente arraigados entre aquellos con poder político y económico.

Desde su hundimiento político, el país en su conjunto se ha esforzado por romper con sus prácticas sociales y políticas propensas a la corrupción. Su sucesor, el presidente Moon Jae-in, ha impulsado una amplia campaña contra la corrupción, los políticos han debatido sobre cómo controlar mejor los poderes presidenciales y los conservadores han buscado reformas internas profundas.

Elegido en mayo con la promesa de "eliminar los males acumulados", el Gobierno liberal de Moon ha llevado a cabo una amplia campaña para restablecer la democracia y la justicia y corregir el tema de los sobornos, los abusos de poder y las violaciones de los derechos cometidas bajo las pasadas Administraciones.

Aunque la medida ha provocado rechazo por parte de los conservadores, que la han catalogado de retribución política, ha avanzado a grandes pasos con la opinión de muchos ciudadanos como un proceso adecuado para construir un "país digno de ser llamado país".

"La eliminación de los males acumulados y las reformas no son solo una investigación, sino un esfuerzo por construir un país digno de ser llamado país y hacer una justa República de Corea reformando las malas prácticas acumuladas en organizaciones poderosas y todos los sectores económicos y sociales", dijo Moon durante una reunión con sus principales secretarios en octubre.

Esta foto, tomada el 5 de marzo de 2018, muestra al presidente Moon Jae-in hablando durante una reunión con sus secretarios principales en la oficina presidencial, Cheong Wa Dae, en Seúl.

La Administración ha excavado en una serie de casos políticamente cargados, como la fallida respuesta del Estado al desastre del ferri Sewol en 2014, la supuesta interferencia política de la agencia de espionaje y la supuesta lista negra de figuras culturales que los antiguos Gobiernos consideraron críticos con ellos.

Recurriendo al mandato presidencial, el Servicio de Inteligencia Nacional (NIS, según sus siglas en inglés) prometió romper con la política. Decidió prohibir cualquier actividad que interfiera en organizaciones gubernamentales y públicas, grupos cívicos, medios de comunicación y empresas. También se comprometió a renunciar a todos sus derechos de investigación, incluido el antiespionaje, que los críticos dicen que comprometió los derechos humanos de los ciudadanos en algunos casos.

Las investigaciones sobre los miembros de alto perfil de los Gobiernos anteriores se han llevado a cabo rápidamente.

Kim Kwan-jin, el exasesor de seguridad de Park, ha estado bajo investigación por las denuncias de que intentó reducir una investigación sobre las sospechas de operaciones políticas de los militares. Kim Jang-soo, quien también se desempeñó como asesor de seguridad de la expresidenta, ha sido interrogado bajo sospecha de haber moderado los informes sobre el hundimiento mortal del ferri Sewol en 2014.

La investigación de la fiscalía también apunta a una figura clave en el lado gobernante. Jun Byung-hun, antiguo secretario principal de asuntos políticos de Moon, ha sido acusado de soborno, violación de la ley de fondos políticos, malversación y abuso de poder.

Mientras la audiencia para la sentencia de Park está programada para el próximo mes, el expresidente Lee Myung-bak enfrenta una investigación procesal por denuncias de soborno y otras irregularidades. Se le pidió a Lee que comparezca para ser interrogado la próxima semana.

Compartiendo la opinión de que la concentración actual de poder en un solo líder ha causado corrupción, abuso de poder y una intensa polarización política, las partes rivales han discutido formas de remodelar la estructura de poder a través de una revisión constitucional.

Pero su debate ha progresado poco, ya que las partes se han mantenido separadas sobre cómo modificar el estatuto de décadas de antigüedad y cuándo celebrar un referéndum sobre la enmienda prevista.

Esta foto, tomada el 4 de diciembre de 2017, muestra una comisión parlamentaria sobre una revisión constitucional manteniendo una sesión plenaria en la Asamblea Nacional en Seúl. (Foto de archivo)

La estructura del Gobierno es un gran tema de discordia. El opositor Partido de Libertad Surcoreana (LKP) ha pedido un modelo de reparto de poder bajo el cual se le otorgue más autoridad al primer ministro. El gobernante Partido Democrático propugna un cambio del actual mandato presidencial único de cinco años a una presidencia de cuatro años que permita una reelección.

En medio del estancamiento, Moon ha ordenado a su Gobierno que elabore su propia propuesta de enmienda en una aparente medida para presionar a las partes para que aceleren sus deliberaciones.

A medida que el bloque gobernante liberal ha estado liderando los esfuerzos anticorrupción, el lado conservador ha estado avanzando mediante reformas internas para reforzar la confianza pública y allanar el camino para su regreso al poder.

El principal partido opositor ha expulsado a la desprestigiada presidenta para mejorar su imagen corrupta, y trató de unificar al fracturado bloque conservador para reforzar su presencia parlamentaria antes de las elecciones locales de junio, que se consideran un referéndum sobre el primer año de Moon en el cargo.

El partido también ha desarrollado su visión muy anunciada del "nuevo conservadurismo", que implica proteger al mercado del control gubernamental, proteger el derecho de los ciudadanos a la vida frente a los desafíos sociales, de seguridad y de otro tipo, y buscar innovaciones constantes para un crecimiento sostenible.

adrian@yna.co.kr

(FIN)

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