Go to Contents Go to Navigation

El Tribunal Constitucional emite su sentencia sobre la controvertida ley anticorrupción

Últimas noticias 29/07/2016 11:18

Seúl, 28 de julio (Yonhap) -- El Tribunal Constitucional ha sentenciado, este jueves, que es constitucional la controvertida ley anticorrupción, que somete a los periodistas, maestros de escuelas privadas y funcionarios públicos a unas pautas estrictas sobre la aceptación de regalos, preparando el camino para su implementación oficial.

La ley, conocida como Ley Kim Young-ran, llamada en honor a su proponente, prohíbe a los funcionarios, periodistas y miembros del profesorado de las escuelas privadas, recibir bienes y servicios que excedan el millón de wones (889 dólares) por persona.

"Los maestros y la prensa tienen un gran impacto en el país y la corrupción entre los empleados de estos sectores ejerce efectos prolongados", sentenció el tribunal, explicando la legitimidad para regular tales sectores por medio de la ley.

Está previsto que la ley entre en vigor el 28 de septiembre. Los periodistas y sus asociaciones, así como algunas escuelas privadas habían presentado cuatro peticiones por separado, solicitando al tribunal que revisase la ley al poco tiempo de haber sido aprobada, en marzo del año pasado, por la Asamblea Nacional.

Según la opinión de los demandantes, la nueva ley, creada para asegurar un ejercicio justo de las funciones de los funcionarios, infringe la libertad de prensa y de las escuelas privadas por incluir a los periodistas y maestros de tales instituciones en normas creadas para funcionarios.

Sin embargo, el tribunal rechazó una petición presentada por la Asociación de Periodistas de Corea del Sur, diciendo que la organización no puede afirmar que sus derechos se verán afectados por la ley.

Los demandantes también plantearon la cuestión de una cláusula que ordena a los funcionarios, periodistas y maestros a denunciar a sus esposos si reciben algún tipo de bienes o dinero prohibidos, diciendo que viola su libertad de conciencia.

Otra cuestión en juego fue si la ley es inconstitucional conforme a la doctrina de nulidad por vaguedad, por no lograr especificar las conductas que son, o no, penalizables.

Los demandantes también dijeron que algunas partes de la ley van más allá del límite de la legislación delegada, refiriéndose al decreto presidencial, en lugar de estipular los detalles.

paola@yna.co.kr

(FIN)

Inicio Subir